El legado de Bush hijo

Bajo el mandato del actual presidente George W. Bush retrocedieron los derechos de las mujeres estadounidenses en salud sexual y reproductiva. Disminuyó el presupuesto para educación sexual, contracepción, y servicios de aborto; el Parlamento y la Corte Suprema aprobaron restricciones a la realización de abortos; y en algunos estados son criminalizadas las personas que realizan interrupciones del embarazo. Los precandidatos demócratas, Hillary Clinton y Barack Obama prometen cambiar la situación.

Los obstáculos al aborto aumentaron en Estados Unidos bajo el mandato del actual presidente George W. Bush. El movimiento pro vida avanzó con fuerza apoyado por la llegada de Bush a la Casa Blanca.

La Corte Suprema, en 1973, en el caso conocido como Roe vs. Wade, declaró inconstitucionales la mayoría de las leyes existentes sobre aborto en el país. Todas las leyes de los diferentes estados que limitaban el acceso de las mujeres a los abortos durante el primer trimestre del embarazo fueron invalidados por esta sentencia. Las leyes que limitaban tal acceso durante el segundo trimestre fueron mantenidas solamente cuando las restricciones protegían la salud de la mujer embarazada. Con la legalización del aborto en los Estados Unidos, la Corte declaró que el aborto es un derecho constitucional en todos los estados de la unión.

Primera restricción

La primera restricción sobre el aborto fue cuando el Congreso estadounidense, de mayoría republicana, aprobó, el 21 de Octubre de 2003, una medida legislativa que prohíbe la práctica de un método quirúrgico conocido como aborto de gestación avanzada, llamado por sus detractores "aborto por nacimiento parcial". Según la misma norma, un médico puede ser condenado a penas de hasta dos años de cárcel por realizar un aborto de este tipo.

Además, el 18 de abril de 2007, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprobó una sentencia que ratificó la mencionada ley federal del 2003, prohibiendo el llamado "aborto por nacimiento parcial". Según la Corte Suprema, la llamada Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial (un término que no existe en el lenguaje médico y que ha sido acuñado por los conservadores estadounidenses), aprobada por el congreso de mayoría republicana en 2003, no es anticonstitucional y por lo tanto no entra en conflicto con Roe vs. Wade, la histórica sentencia con la que ese mismo órgano judicial abrió las puertas al aborto libre en 1973.

Por eso, con cinco votos frente a cuatro, el máximo órgano judicial estadounidense, de mayoría conservadora, daba un golpe a 34 años de legislación en que la preservación de la mujer había sido la prioridad clave en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. La aprobación de la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial, totalmente en contra de la salud de las mujeres, fue una victoria para la administración de George W. Bush y los adversarios del aborto.

Limitaciones presupuestarias

Entonces, la legislación sobre el aborto en Estados Unidos indica que éste debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto sea "viable", es decir, potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial. Sin embargo, los servicios del aborto no están fácilmente disponibles. Muchas mujeres y muchachas hacen frente a obstáculos legales o financieros para tener acceso a servicios seguros del aborto debido a regulaciones duras (legislaciones estaduales), la falta de servicios médicos (clínicas donde realizarse un aborto), y la oposición política (manifestaciones y acciones pro-vida).
En un tercio de los estados ha quedado limitada también la financiación pública de los abortos y eso resultó en el insuficiente sostén económico del Estado para esos servicios. En el caso de las chicas menores de 18 años, en algunos estados se les solicita la notificación obligatoria de sus padres para realizar el aborto. Esto es un problema para las muchachas de sectores vulnerables, incapaces de incluir a sus padres en su decisión, y están además las muchachas que no tienen contacto con los padres. Además, está la exigencia legal de petición de consejo a un especialista, que muchas veces incluye un período de reflexión antes de la decisión de abortar. Todo esto implica demoras en el proceso.

Hoy, las mujeres y las muchachas que se realizan abortos no están sujetas a sanciones criminales en ninguna parte de los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos estados, los miembros de la familia, médicos y médicas, enfermeras, y los amigos que apoyan a mujeres y muchachas que tienen necesidad de realizarse un aborto pronto podrían ser criminalizados, ya que en julio de 2006 el Senado estadounidense aprobó el Acta de Protección de Custodia del Niño (Child Custody Protection Act). Si esta ley entra en vigor, cualquier adulto o adulta que ayude a una mujer menor de edad a cruzar la frontera de un estado para realizarse un aborto cometería un delito federal. El argumento de la ley para aplicar la sanción es que ese adulto o adulta estaría engañando a la joven.

Además, algunos estados aprobaron legislación para criminalizar a médicos y médicas que realizan abortos en ciertos tipos de pacientes. El más prominente es la prohibición general del aborto en Dakota del Sur, sancionada por ley en marzo de 2006, que hace ilegal el aborto excepto cuando el procedimiento es realizado para salvar la vida de la mujer embarazada. Otros estados como Georgia, Indiana, Ohio, Louisiana, y Tennessee han aprobado legislaciones similares.

Además, en la mitad de los estados, la inversión en planificación familiar está muy alejada de los índices inflacionarios. Así, en 2006, el 11 por ciento de las mujeres sexualmente activas no deseaban ser madres, pero no utilizaron la contracepción por no disponer de dinero suficiente. La mitad de los embarazos no deseados viene de ese grupo.

Bajo la administración de George W. Bush subió el índice de pobreza y aumentó el número de las personas sin seguro de salud. Las mujeres que dicen que necesitan ayuda económica para comprar anticonceptivos aumentaron en un millón entre 2000 y 2004.

El 22 de enero del 2007 fue la primera marcha anti-aborto en los Estados Unidos después de que los demócratas tomaron el control del Congreso. Millones de manifestantes protestaron en un shopping en Washington y después enfrente de la Corte Suprema. En ese momento, Bush dijo que “creemos que cada vida humana tiene valor, y rogamos para el día en que cada niño sea bienvenido en vida y protegido en ley”.

En mayo del mismo año, Bush dijo a líderes del congreso que él vetaría cualquier legislación que debilitara las leyes federales sobre el aborto. Esta amenaza del veto se aplicaría a cualquier medida que “permita que los dólares sean utilizados para la destrucción de la vida humana”.

¿Qué vendrá?

En respuesta, en julio del mismo año, los candidatos principales del Partido Demócrata –la senadora Hillary Clinton y el senador Barack Obama- expresaron su compromiso de, en caso de ganar las elecciones, modificar la orientación del actual gobierno sobre los derechos del aborto, y se comprometieron a enfatizar las acciones sobre educación sexual y anticoncepción. Según Hillary Clinton, la administración de Bush ha favorecido un tipo de educación sexual basada en la abstinencia, y se ha minado la educación sexual y los programas de planificación familiar al recortarles recursos. Barack Obama, por su parte, dijo que la decisión de la Corte Suprema que permitió una interdicción federal en un tipo de aborto fue el principio de un retroceso profundo en los derechos de las mujeres. En referencia a la mayoría cinco a cuatro que permitió la aprobación de la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial, Obama dijo que cinco hombres de la Corte Suprema no saben mejor que las mujeres y sus médicos qué es lo mejor para la salud de las mujeres. “Sabemos que el derecho de una mujer a tomar una decisión sobre cuántos niños tener y cuándo, sin interferencia del gobierno, es una de las libertades más fundamentales que tenemos en este país”, manifestó el pre-candidato.

Según los candidatos demócratas, Estados Unidos parece estar muy cerca de dar vuelta el caso de Roe vs. Wade, y acentuaron su compromiso en una “agenda de prevención” que se propone reducir el número de abortos con una reducción de los embarazos involuntarios.

Es evidente que el aborto es un tema altamente emocional que excita opiniones profundas. Sin embargo, el acceso equitativo a los servicios de aborto seguro y legal es sobre todo un derecho humano. En los Estados Unidos la legalidad del aborto coexiste con regulaciones incómodas, la oposición política, y una falta de financiación federal y del Estado para la disposición de los servicios para las mujeres pobres que obstaculiza seriamente la capacidad de éstas a ejercer sus derechos. Hasta que el acceso al aborto seguro no sea garantizado, los derechos humanos de mujeres y muchachas en Estados Unidos estarán siendo vulnerados.