La Cámara Alta consideró inadmisible un proyecto que impedía el beneficio de la amnistía, el indulto o la prescripción a los responsables de crímenes de lesa humanidad
La decisión del Senado, de mayoría de centroderecha, se produjo por 19 votos a favor -con apoyo del democristiano y ex presidente de la Concertación Eduardo Frei y los independientes Fernando Flores y Carlos Bianchi-, 14 en contra y una abstención.
La Cámara de Diputados decidió esta tarde recurrir al Tribunal Constitucional para dirimir la contienda con el Senado, con la intención de insistir con el proyecto de ley que adecua la legislación chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El titular de la Cámara baja, Juan Bustos, señaló que "hay una trasgresión de la Constitución por razones políticas, lo que debe ser zanjado por el Tribunal Constitucional" y entendió que "más allá del proyecto, es un tema que afecta la relación de ambas cámaras".
La cámara alta declaró inadmisible por inconstitucional para ser debatido en sala el proyecto de ley que interpreta el Artículo 93 del Código Penal, que impediría que quienes cometieron y cometan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean beneficiados con la amnistía, la prescripción o el indulto.
El presidente del Senado Adolfo Zaldívar (ex DC) también sumó su voto de rechazo a la norma, y fue duramente centro de críticas por su decisión de negar la semana pasada la discusión en sala de un proyecto que ya había aprobado la Cámara de Diputados e incluso la Comisión de Constitución del Senado.
El argumento de Zaldívar para negar el debate la semana pasada, acogiendo un pedido del senador y ex jefe de la Armada, almirante (R) Jorge Arancibia, fue que el Artículo 65 de la Constitución dice que sólo en el Senado pueden tener origen proyectos de ley que traten de una amnistía o indulto.
El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, denunció la existencia de un compromiso entre el actual presidente del Senado y "ex colaboradores de la dictadura", luego que no dispusiera la tramitación del proyecto.
"Nosotros lamentamos la decisión que está dentro de sus atribuciones pero es una decisión inconsulta, del presidente del Senado, en el sentido de declarar inconstitucional este proyecto de ley", dijo Escalona.
A juicio del senador, la decisión de Zaldívar está vinculada "con el compromiso que ha tomado el presidente del Senado, con Juan Carlos Moraga, presidente del actual Partido Regionalista Independiente" y al que consideró "un activo colaborador del régimen militar".
Apenas conocida la decisión del Senado, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que "hay una clara complicidad por quienes están por la impunidad y por quienes están porque en Chile se sigan violando los derechos humanos".
"Ese es el riesgo que estamos corriendo, que las nuevas generaciones vuelvan a vivir terrorismo de Estado y genocidio", agregó Pizarro.
En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, uno de los autores de la moción, fue categórico al señalar que con hechos como este se produce "un quiebre" en el Congreso.
"Esto es grave, nunca había ocurrido esto porque hay un respeto por lo que se plantea en cada una de las cámaras", sentenció.
El debate se produce en momentos en que la Justicia chilena, que condenó y procesó hasta ahora a más de 600 represores de la dictadura militar, validó jurídicamente hoy la existencia de una política continua de ese régimen para exterminar opositores.
La jurisprudencia fue establecida en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que hoy condenó a nueve ex militares por la operación "Retiro de Televisores", iniciada en 1978 para ocultar entierros ilegales de unos mil desaparecidos que hubo en ese período.
En Chile, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar del fallecido general Augusto Pinochet, quien jamás fue condenado por estos actos. Otros 50.000 fueron torturados. Entre las víctimas hubo infantes de dos años.
La Cámara de Diputados decidió esta tarde recurrir al Tribunal Constitucional para dirimir la contienda con el Senado, con la intención de insistir con el proyecto de ley que adecua la legislación chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El titular de la Cámara baja, Juan Bustos, señaló que "hay una trasgresión de la Constitución por razones políticas, lo que debe ser zanjado por el Tribunal Constitucional" y entendió que "más allá del proyecto, es un tema que afecta la relación de ambas cámaras".
La cámara alta declaró inadmisible por inconstitucional para ser debatido en sala el proyecto de ley que interpreta el Artículo 93 del Código Penal, que impediría que quienes cometieron y cometan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean beneficiados con la amnistía, la prescripción o el indulto.
El presidente del Senado Adolfo Zaldívar (ex DC) también sumó su voto de rechazo a la norma, y fue duramente centro de críticas por su decisión de negar la semana pasada la discusión en sala de un proyecto que ya había aprobado la Cámara de Diputados e incluso la Comisión de Constitución del Senado.
El argumento de Zaldívar para negar el debate la semana pasada, acogiendo un pedido del senador y ex jefe de la Armada, almirante (R) Jorge Arancibia, fue que el Artículo 65 de la Constitución dice que sólo en el Senado pueden tener origen proyectos de ley que traten de una amnistía o indulto.
El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, denunció la existencia de un compromiso entre el actual presidente del Senado y "ex colaboradores de la dictadura", luego que no dispusiera la tramitación del proyecto.
"Nosotros lamentamos la decisión que está dentro de sus atribuciones pero es una decisión inconsulta, del presidente del Senado, en el sentido de declarar inconstitucional este proyecto de ley", dijo Escalona.
A juicio del senador, la decisión de Zaldívar está vinculada "con el compromiso que ha tomado el presidente del Senado, con Juan Carlos Moraga, presidente del actual Partido Regionalista Independiente" y al que consideró "un activo colaborador del régimen militar".
Apenas conocida la decisión del Senado, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que "hay una clara complicidad por quienes están por la impunidad y por quienes están porque en Chile se sigan violando los derechos humanos".
"Ese es el riesgo que estamos corriendo, que las nuevas generaciones vuelvan a vivir terrorismo de Estado y genocidio", agregó Pizarro.
En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, uno de los autores de la moción, fue categórico al señalar que con hechos como este se produce "un quiebre" en el Congreso.
"Esto es grave, nunca había ocurrido esto porque hay un respeto por lo que se plantea en cada una de las cámaras", sentenció.
El debate se produce en momentos en que la Justicia chilena, que condenó y procesó hasta ahora a más de 600 represores de la dictadura militar, validó jurídicamente hoy la existencia de una política continua de ese régimen para exterminar opositores.
La jurisprudencia fue establecida en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que hoy condenó a nueve ex militares por la operación "Retiro de Televisores", iniciada en 1978 para ocultar entierros ilegales de unos mil desaparecidos que hubo en ese período.
En Chile, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar del fallecido general Augusto Pinochet, quien jamás fue condenado por estos actos. Otros 50.000 fueron torturados. Entre las víctimas hubo infantes de dos años.
Fuente: Télam
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